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[02/04/2009]
La Agencia Española de Protección de Datos ha dictaminado que la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía "ha infringido lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos", una vulneración de la norma que ha sido tipificada como "leve" por el organismo y que se habría producido al repartir la gerencia de la Ciudad de la Justicia un listado con datos personales de numerosos jueces que debían aparcar en los bajos del edificio.
En el fallo, emitido el pasado 8 de diciembre, tan sólo se requiere a la Junta de Andalucía "para que adopte las medidas de orden interno que impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción de la ley".
El 27 de febrero de 2008 llegó a la Agencia Española de Protección de Datos un escrito del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que se ponía de manifiesto que, con motivo de la creación de la Ciudad de la Justicia y al objeto de regular el acceso a los aparcamientos, "la gerencia de la misma confeccionó unos listados con las matrículas de coches privados de los jueces. Los mismos circularon libremente y se difundieron entre el resto de los funcionarios", según se recoge en el apartado de hechos probados.
Para emitir los permisos de acceso al parking, el gerente remitió un formulario a los aspirantes para que incluyeran sus datos de carácter personal. Los mismos se incluyeron en un fichero, al "objeto de elaborar un listado y realizar la emisión de las tarjetas identificativas". Después, permitieron imprimir y entregar las tarjetas que permiten el acceso al aparcamiento. El proceso se inició el 4 de octubre de 2007.
Los datos remitidos por los interesados se incluyeron en un fichero ´Excel´ que se encuentra ubicado en el sistema de información de la gerencia. En febrero de 2008, los miembros de la junta de personal solicitaron una lista de los que habían conseguido una plaza, al objeto de que los interesados pudieran comprobar su inclusión en el mismo.
El escrito fue remitido a todos los sindicatos el 11 de febrero de 2008. Los listados contenían los datos recogidos en el formulario: nombre y apellidos, NIF, categoría profesional, órgano judicial, matrícula de los vehículos, marca, modelo y color.
También se considera probado que la gerencia tuvo conocimiento, a través de los medios, de la difusión del listado que se había cedido a los miembros de la junta de personal. En una reunión con la misma, todos sus componentes negaron haber entregado el papel a personas no autorizadas, excepto uno de los presentes.
Los funcionarios plantearon denuncias ante varios organismos de control y el TSJA, que acabaron con la incoación de este proceso.
Fuente: www.laopiniondemalaga.es